Agencias

La firma brasileña que admitió haber pagado millones de dólares en sobornos, ahora acusó que es víctima de una red de corrupción en México.

En una queja presentada ante la CNDH, señala a 12 funcionarios del sexenio pasado, entre ellos los titulares de la PGR y de la Función Pública, Albero Elías Beltrán y Arely Gómez, respectivamente, de armar una estrategia para inhibir la investigación de los actos de corrupción que denunció y de los cuales sólo en México no ha habido sancionados.

La queja de Odebrecht fue presentada por Joao Henrique Andrade Araujo Horst, apoderado del gigante constructor brasileño.

“Resulta evidente que ha sido estrategia de miembros del Gobierno federal, a través de la SFP, imponer sanciones a mis representadas, en violación sistemática de sus derechos, como si éstas fueran resultado de la investigación de hechos de corrupción que han sido denunciados”, dice el escrito, fechado el 3 de diciembre.

La empresa manifiesta que, con base en sus acuerdos con autoridades de Brasil y Estados Unidos, ha tenido la disposición de colaborar con las investigaciones que inició la PGR por los sobornos confesados por sus directivos a funcionarios mexicanos.

Pero, señala, las autoridades mexicanas lo que han hecho es iniciar indagatorias administrativas y sancionar a Odebrecht por temas que son absolutamente ajenos a las indagatorias de cohecho.

Con lo anterior, afirma, han generado una falsa impresión de ilicitud ante la opinión pública, pues las hacen responsables mediante diversas declaraciones y comunicados de prensa en medios oficiales.

Atribuyó a esa estrategia gubernamental que la PGR removiera de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) a Santiago Nieto y que se impida el acceso a versiones públicas de la investigación, pese a lo ordenado por el INAI.

Y, además, que se dilate la resolución de la investigación, a pesar de que el ex Procurador Raúl Cervantes dijo que ya estaba concluida.

Otros de los funcionarios señalados por Odebrecht en esta supuesta andanada en su contra son José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño, ex directores de Pemex; y el ex director de Pemex Transformación, André Arthur Glorieux González.

Entre las acusaciones directas afirma que la Función Pública, entonces a cargo de Arely Gómez, la inhabilitó por 4 años para concursar por contratos públicos, con base en un documento “prefabricado” y que Pemex se ha negado a reconocer el contrato Tula I para construir las plataformas de la Refinería Miguel Hidalgo.