CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la reunión de seguimiento del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos (GANSEG), se hizo la propuesta mexicana de acuerdo bilateral para combatir el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones. 

En ella, se sugiere la utilización de tecnología para impedir el acceso de armas a nuestro país en todos los puntos fronterizos.

“Se presentó un mapeo de los puntos fronterizos por los cuales entran las armas a nuestro país, con el objetivo de establecer cuáles son las redes de venta, distribución e introducción a México”.

Inicialmente, se propone llevar a cabo estas inspecciones en cinco puntos estratégicos: San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Ciudad Reynosa y Brownsville-Matamoros.

Adicionalmente, se fortalecerán las acciones de seguridad perimetral que están a cargo de la SEDENA, la SEMAR, la Guardia Nacional y las policías estatales.

“Con este acuerdo se institucionalizaría el intercambio de información y se establecería un marco jurídico bilateral para realizar acciones de combate al tráfico ilícito de armas”, expone un comunicado.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se presentaron las cifras históricas sobre aseguramiento de armas así como un catálogo de las armas más utilizadas por la delincuencia organizada.

“Se compartió que durante la presente administración se han logrado asegurar 7,432 armas en México”.

Por otra parte, se puso en evidencia que las armas largas más comunes en nuestro país son la ametralladora Browning M2, cal .50, el Fusil Barrett, cal .50 y los fusiles AR-15 y AK-47, todas fabricadas en Estados Unidos. Las armas empleadas por el crimen organizado proceden, en siete de cada diez casos, de ese país.

En la reunión estuvieron presentes los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; y Marina, José Rafael Ojeda, y Audomaro Martínez, en su calidad de secretario técnico del GANSEG. Además, acudieron representantes de la Guardia Nacional, el CNI, la FGR y el SAT, así como funcionarios de la SRE y de la SSPC.

Por parte de Estados Unidos asistieron el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, y el ministro-consejero de la Embajada, John Creamer, así como representantes de las agencias de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) y la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL).